Según el nuevo reglamento de extranjería, ¿Cuándo tengo una situación de residencia en España y no de estancia?
El extranjero que esté autorizado para permanecer en España por un periódo superior a noventa días e inferior a cinco años, estará en una situación de residencia temporal.
Hay distintos tipos de autorización: residencia no lucrativa, residencia por reagrupación familiar, residencia y trabajo por cuenta ajena, residencia y trabajo para investigación, residencia para profesionales altamente cualificados, residencia por cuenta propia, residencia con excepción a la autorización de trabajo…
jueves, 5 de mayo de 2011
lunes, 25 de abril de 2011
Nuevo Reglamento de Extranjería
¿Cómo solicito el visado de estudiante para el nuevo reglamento de extranjería?
Se siguen prácticamente las mismas condiciones para obtener el visado de estudios en España: tener garantizados los medios económicos para él y para sus familiares si viajasen con él, contar con un seguro médico privado de enfermedad, haber sido admitido en un centro de enseñanza reconocido…la novedad se establece en que dentro de esta categoría se incluyen ahora la prestación de un servicio de VOLUNTARIADO dentro de un programa que persiga objetivos de interés general.
martes, 12 de abril de 2011
¿Cómo cobrar las pensiones de alimentos desde el extranjero?
Desde hace unas décadas, las familias se han visto afectadas por la globalización: hay más parejas internacionales, y más inmigración que hace que a veces los niños no viven con los padres o con solo uno de ellos. Mientras las relaciones entre los padres son buenas, no suele haber mayor problema para los hijos, pero cuando los padres se llevan mal o se divorcian, pueden empezar también los problemas para los menores. Y un problema bastante común es que uno de los dos padres no cumple con sus obligaciones de pagar la pensión de alimentos al padre con quien viven los hijos (muchas veces la madre). Si esto en una situación nacional (con toda familia viviendo en un mismo país) ya puede ser difícil, si estamos ante situaciones internacionales la cosa se complica aún más. El niño está de suerte si el padre deudor de los alimentos vive en uno de los países de la Unión Europea. En estos casos, se debe recurrir a los procedimientos de ejecución previstos por la Unión Europea, que ya funcionan razonablemente bien. Pero si el deudor vive fuera de la Unión Europea, la situación era más compleja, era, porque en junio de 2011 entra en vigor un nuevo Convenio. Este Convenio, firmado por la Unión Europea y terceros países, prevé la cooperación entre las autoridades de los países implicados para llevar a cabo la ejecución de las pensiones alimenticias. Así, los deudores no podrán evitar el pago con tal de salir de los países comunitarios. Gracias a este Convenio, contaremos con una nueva medida de protección para los menores, ya que se va a poder garantizar que los hijos reciban la ayuda económica sin que el lugar de residencia del padre sea obstáculo para el cobro. Igualmente se prevé en el Convenio que los países implicados faciliten la asistencia jurídica gratuita, para que falta de dinero no pueda ser motivo de no recurrir a los tribunales para conseguir que se haga justicia y que el menor reciba la ayuda económica a la que tiene derecho. Lo que falta ahora es que muchos países firmen el Convenio, para que sea de aplicación en el mayor número de países posible. De momento, el Convenio ha sido firmado por los Estados Unidos, Noruega y Ucrania, además de la Unión Europea.
miércoles, 9 de febrero de 2011
PROTECCIÓN DE LA MUJER MALTRATADA, CON O SIN PAPELES
Mucho se está hablando ya del nuevo Reglamento de Extranjería y de lo que va a suponer para las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, no todo es novedad, ya que con la normativa actual ya existe una protección para estas mujeres, y ya se procura que no sean expulsadas. En todo caso, es bueno conocer los derechos, y las consecuencias de poner una denuncia por malos tratos. Veamos los derechos de las mujeres maltratadas.
¿Se puede expulsar a una mujer víctima de malos tratos?
El nuevo Reglamento prevé que no se debe abrir un expediente de expulsión a la mujer víctima de malos tratos si ha denunciado, y si ya lo tiene abierto, se paralizará. Ahora bien, esta medida solo será vigente hasta que haya una resolución judicial o un informe del fiscal sobre la posible existencia de una situación de violencia de género. Mientras tanto, no se podrá expulsar a la mujer.
¿Se puede obtener la autorización de residencia?
Las mujeres que, tras haberse acreditado la situación de violencia de género, se encuentran en situación de irregularidad, podrán obtener provisionalmente la autorización de residencia y trabajo, una vez que hayan solicitado la autorización de residencia y trabajo. La autorización será vigente hasta que se conceda la autorización definitiva. Estas solicitudes deberán ser tratadas de forma preferente por las autoridades. Para acreditar la situación de malos tratos deben aportar la orden de protección o informe del fiscal.
¿Qué pasa con los hijos de la mujer maltratada?
La misma protección que se da a las mujeres maltratadas en situación de irregularidad se extiende a sus hijos, si son menores de edad y viven en España. Los hijos mayores de dieciséis años (pero menores de dieciocho) podrán obtener igualmente autorización de trabajo.
¿Puede retirar la denuncia?
No, las denuncias por malos tratos no se pueden retirar. Una vez puesta la denuncia, el procedimiento seguirá hacia delante. Si además de la declaración de la victima, hay pruebas (como un informe médico o testigos) sobre la existencia de una situación de malos tratos, es muy probable que se condene al hombre, y nada se podrá hacer para quitar esta condena.
¿Puede mi marido renovar o solicitar la autorización de residencia tras haber sido condenado por malos tratos?
Uno de los requisitos para la primera solicitud de autorización de residencia y para la renovación es carecer de antecedentes penales. Si se condena a un hombre por violencia de género ya no cumple este requisito, y no podrá renovar o solicitar la autorización de residencia por arraigo. Acabará en situación de irregularidad, y podrá ser expulsado por este motivo del país. El perdón de la mujer no podrá remediarlo.
¿Pueden condenar a mi marido con la expulsión?
La expulsión como tal no es condena, pero según las penas y la situación del penado puede el juez decidir que el penado (el hombre condenado por violencia de genero) en lugar de cumplir condena en prisión sea expulsado de España. En estos casos también se impondrá al hombre una prohibición de entrada durante los años que el juez dicte.
¿Se puede expulsar a una mujer víctima de malos tratos?
El nuevo Reglamento prevé que no se debe abrir un expediente de expulsión a la mujer víctima de malos tratos si ha denunciado, y si ya lo tiene abierto, se paralizará. Ahora bien, esta medida solo será vigente hasta que haya una resolución judicial o un informe del fiscal sobre la posible existencia de una situación de violencia de género. Mientras tanto, no se podrá expulsar a la mujer.
¿Se puede obtener la autorización de residencia?
Las mujeres que, tras haberse acreditado la situación de violencia de género, se encuentran en situación de irregularidad, podrán obtener provisionalmente la autorización de residencia y trabajo, una vez que hayan solicitado la autorización de residencia y trabajo. La autorización será vigente hasta que se conceda la autorización definitiva. Estas solicitudes deberán ser tratadas de forma preferente por las autoridades. Para acreditar la situación de malos tratos deben aportar la orden de protección o informe del fiscal.
¿Qué pasa con los hijos de la mujer maltratada?
La misma protección que se da a las mujeres maltratadas en situación de irregularidad se extiende a sus hijos, si son menores de edad y viven en España. Los hijos mayores de dieciséis años (pero menores de dieciocho) podrán obtener igualmente autorización de trabajo.
¿Puede retirar la denuncia?
No, las denuncias por malos tratos no se pueden retirar. Una vez puesta la denuncia, el procedimiento seguirá hacia delante. Si además de la declaración de la victima, hay pruebas (como un informe médico o testigos) sobre la existencia de una situación de malos tratos, es muy probable que se condene al hombre, y nada se podrá hacer para quitar esta condena.
¿Puede mi marido renovar o solicitar la autorización de residencia tras haber sido condenado por malos tratos?
Uno de los requisitos para la primera solicitud de autorización de residencia y para la renovación es carecer de antecedentes penales. Si se condena a un hombre por violencia de género ya no cumple este requisito, y no podrá renovar o solicitar la autorización de residencia por arraigo. Acabará en situación de irregularidad, y podrá ser expulsado por este motivo del país. El perdón de la mujer no podrá remediarlo.
¿Pueden condenar a mi marido con la expulsión?
La expulsión como tal no es condena, pero según las penas y la situación del penado puede el juez decidir que el penado (el hombre condenado por violencia de genero) en lugar de cumplir condena en prisión sea expulsado de España. En estos casos también se impondrá al hombre una prohibición de entrada durante los años que el juez dicte.
domingo, 23 de enero de 2011
LA ESTADÍSTICA DE LA JUSTICIA
La carrera de Derecho debería incluir en su temario la asignatura de Estadística, para que los abogados pudieran informar a sus clientes sobre las posibilidades de ganar un pleito sin necesidad de basarse en sus conocimientos jurídicos, sino ateniéndose al cálculo de posibilidades. Esta afirmación puede resultar chocante e incluso ofensiva, pero todos sabemos que la seguridad jurídica deja mucho que desear una vez se recurre a los tribunales.
Los abogados sabemos muy bien que cada juzgado es un mundo, o mejor dicho, un reino con el juez en el trono. Es verdad que la ley hay que interpretarla, que los casos no son iguales, que hay que conseguir la prueba… Por eso mismo nunca cabrá una subsunción de los hechos en el Derecho de forma automática, para eso están precisamente los jueces, para aplicar el derecho al hecho concreto. También eso mismo hace que sea difícil que todos los jueces hagan el mismo ejercicio de subsunción, y eso forma parte del juego jurídico, como el arbitraje en el campo de fútbol.
Pero a pesar de que tiene que haber ese ejercicio de aplicación de la legislación al hecho, la excesiva libertad que tiene el juez para la valoración acaba poniendo en riesgo la seguridad jurídica.
Veamos una pequeña estadística en torno a un procedimiento relativamente fácil: una reclamación de cantidad a un vecino moroso de una Comunidad de Propietarios. Lo normal es iniciar este pleito con un monitorio, para posteriormente ejecutarlo, o en caso de oposición, pasar al procedimiento correspondiente (ordinario o verbal). La ley no parece muy difusa, la temática es fácil y sobre los hechos no suele haber mucha discusión. Por parte de la Comunidad puede intervenir el presidente o, con la debida autorización de la Junta de Propietarios, también la administración. ¿Hay un caso más fácil de explicar al cliente?
Pues a pesar de la sencillez, hemos visto en la práctica muchas variantes que hacen que no sepamos qué decir al cliente (de ahí la necesidad de que nos enseñen estadística). Supongamos que el vecino moroso es de los insistentes y que a medida que avanza el procedimiento (desde la celebración de la Junta en la que se fija la deuda hasta la notificación de la sentencia) su deuda va aumentando con las cuotas mensuales. Pues en estos casos, exactamente iguales, hemos visto jueces que condenan al pago de la cantidad debida que consta en el acta de la Junta, otros al importe que fue reclamado extrajudicialmente, otros al que consta en la demanda de monitorio, y otros más al importe que definitivamente se reclame en la demanda en caso de haber habido oposición… Diferentes respuestas para un mismo asunto… Y esto en cuanto a la cantidad, ya que procesalmente también ha habido muchas variaciones, desde aceptar la representación de la administración sin más a rechazarla de plano.
No queremos entrar a analizar cuál debe ser la respuesta jurídica correcta en este caso –sería tema para otro artículo–, sino criticar el haber obtenido respuestas muy dispares según el juzgado en el que ha recaído el asunto. Y hemos mencionado un caso sencillo y en el que en el fondo de la cuestión “solo” gira en torno al dinero, pero, desgraciadamente, la misma disparidad de criterios encontramos a la hora de otorgar o no órdenes de protección en los casos de violencia de género, en temas penales o de familia, en mercantil…, asuntos donde lo que se está jugando el cliente puede ser algo más que dinero.
El cliente, además de ansioso por los posibles resultados, suele querer saber también cuánto puede tardar el procedimiento… ¿Y qué decirle si hemos visto diferencias de meses y hasta de años en procedimientos de asuntos exactamente idénticos?
Resumiendo: para informar al cliente, más vale recurrir a la estadística y al cálculo de posibilidades que confiar en la seguridad jurídica que la justicia no parece capaz de dar.
Los abogados sabemos muy bien que cada juzgado es un mundo, o mejor dicho, un reino con el juez en el trono. Es verdad que la ley hay que interpretarla, que los casos no son iguales, que hay que conseguir la prueba… Por eso mismo nunca cabrá una subsunción de los hechos en el Derecho de forma automática, para eso están precisamente los jueces, para aplicar el derecho al hecho concreto. También eso mismo hace que sea difícil que todos los jueces hagan el mismo ejercicio de subsunción, y eso forma parte del juego jurídico, como el arbitraje en el campo de fútbol.
Pero a pesar de que tiene que haber ese ejercicio de aplicación de la legislación al hecho, la excesiva libertad que tiene el juez para la valoración acaba poniendo en riesgo la seguridad jurídica.
Veamos una pequeña estadística en torno a un procedimiento relativamente fácil: una reclamación de cantidad a un vecino moroso de una Comunidad de Propietarios. Lo normal es iniciar este pleito con un monitorio, para posteriormente ejecutarlo, o en caso de oposición, pasar al procedimiento correspondiente (ordinario o verbal). La ley no parece muy difusa, la temática es fácil y sobre los hechos no suele haber mucha discusión. Por parte de la Comunidad puede intervenir el presidente o, con la debida autorización de la Junta de Propietarios, también la administración. ¿Hay un caso más fácil de explicar al cliente?
Pues a pesar de la sencillez, hemos visto en la práctica muchas variantes que hacen que no sepamos qué decir al cliente (de ahí la necesidad de que nos enseñen estadística). Supongamos que el vecino moroso es de los insistentes y que a medida que avanza el procedimiento (desde la celebración de la Junta en la que se fija la deuda hasta la notificación de la sentencia) su deuda va aumentando con las cuotas mensuales. Pues en estos casos, exactamente iguales, hemos visto jueces que condenan al pago de la cantidad debida que consta en el acta de la Junta, otros al importe que fue reclamado extrajudicialmente, otros al que consta en la demanda de monitorio, y otros más al importe que definitivamente se reclame en la demanda en caso de haber habido oposición… Diferentes respuestas para un mismo asunto… Y esto en cuanto a la cantidad, ya que procesalmente también ha habido muchas variaciones, desde aceptar la representación de la administración sin más a rechazarla de plano.
No queremos entrar a analizar cuál debe ser la respuesta jurídica correcta en este caso –sería tema para otro artículo–, sino criticar el haber obtenido respuestas muy dispares según el juzgado en el que ha recaído el asunto. Y hemos mencionado un caso sencillo y en el que en el fondo de la cuestión “solo” gira en torno al dinero, pero, desgraciadamente, la misma disparidad de criterios encontramos a la hora de otorgar o no órdenes de protección en los casos de violencia de género, en temas penales o de familia, en mercantil…, asuntos donde lo que se está jugando el cliente puede ser algo más que dinero.
El cliente, además de ansioso por los posibles resultados, suele querer saber también cuánto puede tardar el procedimiento… ¿Y qué decirle si hemos visto diferencias de meses y hasta de años en procedimientos de asuntos exactamente idénticos?
Resumiendo: para informar al cliente, más vale recurrir a la estadística y al cálculo de posibilidades que confiar en la seguridad jurídica que la justicia no parece capaz de dar.
martes, 11 de enero de 2011
LA TRAMPA A LA LEY ANTITABACO.
La nueva Ley 42/2010, llamada “Ley Antitabaco”, publicada en el BOE el 31 de diciembre de 2010, ha dejado una vía abierta a la restauración para permitir que sus clientes fumen.
Su Disposición Adicional 9ª excluye del cumplimiento de esta ley a los CLUBS PRIVADOS DE FUMADORES. Estas asociaciones sólo tendrán que constituirse con personalidad jurídica, no tener ánimo de lucro (lo que no impide el cobro de las cuotas de sus socios) y no permitir la entrada a menores.
Cualquier asociación así podrá utilizar el espacio que considere oportuno (un salón de un bar o restaurante) para hacer uso de su derecho, como socio, y fumar, sin estar fuera de la legalidad.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
LOS HIJOS ESPAÑOLES Y EL DERECHO A LA RESIDENCIA
Tras la reciente publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que anula diferentes preceptos de la normativa del régimen comunitario, ampliando su aplicación, se ha creado una expectativa falsa según el cuál se cree que tener hijos españoles es suficiente para estar regular en España. Pero no es así: no todos los padres de españoles se podrán acoger al régimen comunitario, o mejor dicho, además de ser padre de un español, se requiere que dicho padre viva a expensas del hijo español para que se le aplique el régimen comunitario.
Por ello, debemos decepcionar a todas las personas extranjeras en situación irregular en España, con hijos menores de edad (e incluso mayores en muchos casos) de nacionalidad española, que han celebrado la sentencia por ver llegar el momento de su regularización. A estas personas les seguirá siendo de aplicación la normativa general, pudiendo solicitar la autorización de residencia por arraigo (por ejemplo) cuando corresponda, ya que no cumplen el requisito de que los hijos deben hacerse cargo de los padres. Evidentemente, los hijos pequeños o menores de edad no se hacen cargo de sus padres, sino que son los padres quienes se hacen cargo de los niños.
¿Quién se beneficia entonces de la nueva interpretación del régimen comunitario? Todas aquellas personas mayores, de nacionalidades no comunitarias, que tienen hijos de nacionalidad española. Es en la reagrupación familiar de los padres donde se ha producido el cambio. Es importante tener en cuenta que para la aplicación de este régimen se exige que los padres vivan a expensas de los hijos (españoles). Estamos pues ante situaciones de personas españolas, que están trabajando y cuidan de sus padres.
En este momento se producen diferentes situaciones que se verán afectadas por la nueva interpretación:
Procedimiento de reagrupación familiar en tramitación
En los procedimientos de reagrupación que se encuentran actualmente en tramitación, se obliga a la administración de informar al solicitante sobre los pasos a seguir para que su padre o madre venga a España y solicite la tarjeta comunitaria. El propio procedimiento será declarado finalizado por no haber objeto.
Renovaciones en curso
En los procedimientos de renovaciones en curso ocurre parecido: la administración informará a los interesados de la posibilidad de solicitar la tarjeta de familiar de comunitario, y qué documentación aportar a estos efectos.
Autorizaciones de residencias en vigor
Las personas que hoy en día tienen la autorización de residencia por reagrupación de su hijo (español) pueden en cualquier momento durante la vigencia solicitar la tarjeta de familiar de comunitario, pero tampoco están obligadas a hacerlo durante el tiempo que queda de vigencia de su autorización.
Renovaciones futuras
Una vez terminada la vigencia de la autorización de residencia, no cabe en estos casos solicitar la renovación sino que debe solicitarse, ahora sí obligatoriamente, la tarjeta de familiar de comunitario.
Con esto esperemos haber aclarado todas las dudas que han surgido tras la publicación de la sentencia. Recordemos: sí se aplica el régimen comunitario a todos los padres de los españoles, pero sólo si se cumple los requisitos, siendo fundamentalmente que el padre esté a cargo del hijo.
Por ello, debemos decepcionar a todas las personas extranjeras en situación irregular en España, con hijos menores de edad (e incluso mayores en muchos casos) de nacionalidad española, que han celebrado la sentencia por ver llegar el momento de su regularización. A estas personas les seguirá siendo de aplicación la normativa general, pudiendo solicitar la autorización de residencia por arraigo (por ejemplo) cuando corresponda, ya que no cumplen el requisito de que los hijos deben hacerse cargo de los padres. Evidentemente, los hijos pequeños o menores de edad no se hacen cargo de sus padres, sino que son los padres quienes se hacen cargo de los niños.
¿Quién se beneficia entonces de la nueva interpretación del régimen comunitario? Todas aquellas personas mayores, de nacionalidades no comunitarias, que tienen hijos de nacionalidad española. Es en la reagrupación familiar de los padres donde se ha producido el cambio. Es importante tener en cuenta que para la aplicación de este régimen se exige que los padres vivan a expensas de los hijos (españoles). Estamos pues ante situaciones de personas españolas, que están trabajando y cuidan de sus padres.
En este momento se producen diferentes situaciones que se verán afectadas por la nueva interpretación:
Procedimiento de reagrupación familiar en tramitación
En los procedimientos de reagrupación que se encuentran actualmente en tramitación, se obliga a la administración de informar al solicitante sobre los pasos a seguir para que su padre o madre venga a España y solicite la tarjeta comunitaria. El propio procedimiento será declarado finalizado por no haber objeto.
Renovaciones en curso
En los procedimientos de renovaciones en curso ocurre parecido: la administración informará a los interesados de la posibilidad de solicitar la tarjeta de familiar de comunitario, y qué documentación aportar a estos efectos.
Autorizaciones de residencias en vigor
Las personas que hoy en día tienen la autorización de residencia por reagrupación de su hijo (español) pueden en cualquier momento durante la vigencia solicitar la tarjeta de familiar de comunitario, pero tampoco están obligadas a hacerlo durante el tiempo que queda de vigencia de su autorización.
Renovaciones futuras
Una vez terminada la vigencia de la autorización de residencia, no cabe en estos casos solicitar la renovación sino que debe solicitarse, ahora sí obligatoriamente, la tarjeta de familiar de comunitario.
Con esto esperemos haber aclarado todas las dudas que han surgido tras la publicación de la sentencia. Recordemos: sí se aplica el régimen comunitario a todos los padres de los españoles, pero sólo si se cumple los requisitos, siendo fundamentalmente que el padre esté a cargo del hijo.
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